Ojo por diente, diente por ojo

En la Argentina, 3.700 años después de la Ley del Talión, el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich promueve públicamente la idea de que a la hora de ejercer una supuesta “defensa de la sociedad” todo está permitido. No hay debido proceso, ni estado de inocencia y ni garantías constitucionales si se aplica el “ojo por diente, diente por ojo”.

Hablamos del caso del agente de policía Chocobar, quien, recordemos, como cualquier otro miembro de una fuerza de seguridad, debe prevenir e intervenir ante la comisión de delitos, siempre con la obligación de que esa intervención sea proporcional. Justamente todo lo contrario a lo que habría realizado en el episodio policial de hace unos días, en la vía pública, cuando luego de que dos jóvenes robasen y lastimasen a un turista extranjero, el agente ejecutó por la espalda a uno de ellos, luego de que huyese ante su voz de alto. No habría hecho falta ese desenlace. La vida vale más que una billetera o cámara de fotos.

El juez de menores que instruye la causa, Enrique Velázquez, en un pasaje del expediente lo plantea así: “Chocobar no adoptó los recaudos que, incluso en esa situación, le eran exigibles para que su accionar resulte lo menos lesivo posible y, en consecuencia, ha ido más allá de contrarrestar el peligro creado por la agresión ilegítima”.

El Gobierno nacional, al recibir al agente en Casa Rosada, pretende que el hecho policial -que a nuestro entender es un caso de gatillo fácil-, sea interpretado por la opinión pública como un acto de justicia. Y se colocan a la derecha de aquella frase brutal de Susana Giménez: “el que roba debe morir”.

¿El que protesta también debe morir, como Santiago Maldonado o Rafael Nahuel? Por supuesto que no y tener que explicarlo en pleno siglo XXI como si estuviéramos en las épocas del Dr. Hammurabi, muestra con claridad el nivel de descomposición a la que el Gobierno nacional nos quiere llevar.

Por otro lado, el presidente Macri, en un acto de gravedad institucional inédito, al apoyar a Chocobar por su muy probable conducta delictiva, y felicitarlo por su accionar, interfiere con una investigación penal en curso y viola la división de poderes, al presionar (un gesto político inequívocamente destinado a ello) al magistrado que deberá fallar sobre el caso. Recordemos que no es la primera vez el Poder Ejecutivo avanzan y presionan a miembros del Poder Judicial.

¿Deberá el presidente afrontar una denuncia por apología del delito de gatillo fácil? ¿Será el responsable de los jóvenes que mueran por disparos de arma de fuego por la espalda o ahogados en el marco de un operativo de una fuerza de seguridad?

Mientras la Casa Rosada se ocupa en seguir avalando el gatillo fácil, los índices de inseguridad aumentan a diario. Los vecinos de la Ciudad de Bs. As y de la Provincia de Bs. As. sufren olas delictivas cada vez más violentas mientras las comisarias se llenan de ciudadanos que filman con sus celulares detenciones arbitrarias o pasan caminando por una protesta. El poder judicial, por su parte, se esconde detrás de los escritorios, y permite que los roles se inviertan y sean los jueces los auxiliares de la policía y del gobierno.

Desde el OCIVI entendemos que este o cualquier otro gobierno democrático debe implementar una política de seguridad democrática y respetuosa de los principios básicos del estado de derecho. No hay lugar para el gatillo fácil como política de Estado. Las fuerzas de seguridad tienen el deber de velar por la seguridad de todos los habitantes, incluso los que cometen delitos. Al igual que un padre que abusa de un hijo, el Estado que fusila a sus habitantes por la espalda, comete el más atroz de los crímenes y quiebra toda posibilidad de confianza en las instituciones y en la sociedad misma. No hay peor crimen, que aquel cometido por quienes menos lo esperamos: los que deben cuidarnos.

Un pequeño repaso
A lo largo de toda la historia de la humanidad, las distintas formas de organización social buscaron siempre como principal objetivo el establecer reglas de juego claras para lograr una convivencia armónica, con algún criterio de orden y la subsistencia común. Una de las principales preocupaciones desde tiempos antiguos hasta nuestros días, radica en resolver los problemas de violencia entre los miembros de la comunidad y los daños que puedan provocarse unos a otros.

En este camino, el primer antecedente conocido (o al menos el más relevante) es lo que se denominó como Ley del Talión, cuya expresión más acabada se plasmó en el Código de Hammurabi, hacia el año 1692 AC. Hace aproximadamente 3.700 años. Esta ley conocida popularmente por el apotegma “ojo por ojo, diente por diente” es considerada como un ejemplo de tiempos barbáricos e incivilizados, donde los conflictos se resolvían mediante la violencia.

Sin embargo, es más bien todo lo contrario, ya que fue el primer intento para limitar la venganza privada y establecer por primera vez en la historia, el principio de proporcionalidad frente al castigo de quien cometió un año o quebrantó la ley, ya que antes del Talión, si te sacaban un ojo, vos podías matar al culpable, a su familia y quedarte con sus bienes. No había proporción entre el daño y el castigo y por lo tanto este último no tenía limites (podía seguir, incluso, de generación en generación).