El consumo no debe ser objeto del derecho penal

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La violenta intervención de la Policía de la Ciudad en el Colegio Carlos Pellegrini, repudiada por desde el OCIVI, tiene su origen en un problema de fondo que es necesario mencionar y modificar: la ley de drogas vigente en la Argentina que penaliza la mera tenencia de estupefacientes (Ley 23.737).

El caso del estudiante del Pellegrini y la violencia policial contra la comunidad educativa que puso el cuerpo en su defensa, está repleto de irregularidades, es absolutamente arbitrario y debe ser objeto de sanción para los policías intervinientes.

Pero la aparición de la policía en la escena con la intención de detener a un menor de edad esta “motivada” por la ley de drogas. Hoy en Argentina tener cualquier estupefaciente en tu poder (aunque sea dos migas de marihuana) es delito, a pesar de que luego en los tribunales eso no avanza en virtud los numerosos fallos judiciales que dicen que penalizar esa conducta es inconstitucional.

Lo cierto es que eliminados los edictos policiales, restringida la posibilidad de detener para establecer identidad, hoy el control social por parte de la Policía de la Ciudad se efectúa o mediante algunas contravenciones o, en la mayoría de los casos, con la ley 23.737 en la mano. Con esa carta en la mano, provocan algún disturbio y enseguida acusan por resistencia a la autoridad al que quiere poner un poquito de cordura (sobre el uso de este tipo penal de resistencia a la autoridad se pueden ver interesantes estadísticas del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires).

En definitiva, tenemos que luchar para que las arbitrariedades policiales no ocurran, y cuando sí suceden, denunciarlas y visualizarlas, junto a los distintos sectores de la vida nacional, como ocurrió ayer con la comunidad educativa del Pellegrini.

Pero debemos también poner de relieve que en Argentina está vigente una ley de drogas que habilita a los policías “del orden” a perder su tiempo en perseguir conductas que no afecta ningún bien jurídico fundamental, como es llevar encima o dentro de una mochila un gramo de marihuana, mientras se sabe que en cualquier lugar de la Ciudad se cometen delitos (o los comete la Policía) muchos más graves, y que afectan intereses mucho más valorados para una sociedad democrática.

El ataque a un consumidor solo tiene un efecto disciplinador, producto de una falsa moral que tiene su origen en una concepción del orden por el orden mismo. El consumo no debe ser objeto del derecho penal y, en su caso, el consumo problemático debe ser abordado por el Estado desde políticas de salud, sociales, educaciones, y no policiales.

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